Ese monto iría a infraestructura de aprobarse la Ley de Asociaciones Público Privadas: Banobras; el banco espera que pase en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — Aproximadamente 38,000 millones de dólares(mdd) en proyectos de infraestructura podrían acelerarse si la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) es aprobada en la Cámara de Diputados el próximo periodo ordinario de sesiones.
La aprobación de la APP agilizaría toda la agenda de infraestructura en México, y la ley podría quedar aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones, menciona Alonso García Tamés, director del Banco Nacional de Obras (Banobras).
Confía que la ley avance en el congreso, porque "está llena de beneficios y creo que todos los partidos políticos coinciden en que la infraestructura en México se tiene que detonar".
Para agilizar su aprobación, porque estaba en medio la discusión del paquete fiscal, la ley de Asociaciones Público Privadas ingresó al Senado a finales de 2009.
"Se han discutido diferentes aspectos de la ley y hemos tenido reuniones con diferentes grupos de senadores. Creemos que se va a aprobar en el periodo de sesiones, de hecho ha habido algunos comentarios y han planteado algunos ajustes a lo que originalmente se envío que podrían incorporarse. También ha habido algunos esfuerzos por autorizar partes de la ley, que es muy amplia y tiene diferentes ingredientes para facilitar la inversión en infraestructura", destaca García Tamés.
Un aspecto importante que considera de esta ley es el llamado desdoblamiento de concesiones que permitiría destrabar muchos proyectos. "Las concesiones carreteras en el ámbito federal establecen que el plazo de la concesión se puede ampliar solamente si la concesión se ubica en la última quinta parte del periodo original".
Así como está establecido, impone una restricción muy importante que impide que algunos proyectos se desarrollen. Por ejemplo, en un proyecto de infraestructura a largo plazo, como carreteras a 30 años, se identifican inversiones adicionales que se deben llevar a cabo como ampliaciones, modernización de casetas, pasos viales, etcétera, pero para ampliar la concesión tendrían que transcurrir 24 años.
En todo el mundo, esas inversiones adicionales se realizan sin problemas al extenderse el plazo de la concesión. "En México no podemos hacer nada si, tomando el caso de la carretera a 30 años, nos encontramos antes del año 24", indica García Tamés.
Hay 9 proyectos que se encuentran en esta situación que detonan inversión por 20,000 millones de pesos(mdp), agrega Federico Patiño, delegado Fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
"En el caso de carreteras, se busca que la concesión pueda irse hasta 60 años, y en otros sectores, donde el plazo es similar a 30 años que la extensión no rebase los 60 años. La idea del desdoblamiento es ampliarla la concesión por el plazo necesario para recuperar la inversión extra que el concesionario tiene que hacer, le llamamos lograr el equilibrio financiero de los proyectos".
Los proyectos que se encuentran en esta situación son: la carretera de Guadalajara-Colima, el libramiento la Pera-Cuautla, Cantonil-Cancún, y el libramiento de Playa del Carmen, entre otros.
Adicionalmente, la ley de APP´s toca temas como expropiaciones, derechos de vía, y las medidas para evitar impugnaciones no procedentes. "En la parte de expropiación hay muchas cosas que se están adecuando. Básicamente se busca que se pueda expropiar y el afectado mantenga los derechos a reclamar el precio que le van a pagar", indica García Tamés.
Que la discusión sea exclusivamente sobre ese tema y no si procede o no la expropiación. "Esto es importante, porque cuando se finca la expropiación ya el desarrollador puede entrar a avanzar en la construcción sin el riesgo de que le echen atrás el trabajo por esa expropiación. Ya nada más la discusión se centraría sobre el monto que le tienen que pagar".
En México, la expropiación está dividida en dos etapas: Una en donde se acredita claramente la utilidad pública y, otra, la expropiación en sí misma. "Lo que se está planteando es que se dividan muy claramente en esas dos etapas el proceso de expropiación. Primero que se acredite la utilidad pública y, después, contra la declaratoria de utilidad proceden todos los recursos de defensa del afectado que se pelearía ya sólo por el precio y permitiría iniciar rápidamente los trabajos".
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